La Ley Protección de Datos, conocida como LODP por sus siglas, es la normativa que se encarga de velar por los derechos fundamentales y garantizar las libertades públicas de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales. El cumplimiento de esta norma es obligatorio para empresas y autónomos que estén vinculados con este sector, por lo que su no aplicación puede acarrear sanciones a quienes la ignoren.
En el título IV de la LODP están expuestas las infracciones que pueden cometerse al tratar esta información de manera errada y las sanciones que podría aplicar la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo que regula esta actividad y garantiza la correcta implementación de los mecanismos técnicos y organizativos.
Estos castigos se dividen en tres grandes grupos, dependiendo de la gravedad del problema que haya generado la compañía en cuestión:
- Infracciones leves de la LODP: las multas van desde los 900 a 40.000 euros. No solicitar la inscripción de ficheros al Registro General de Protección de Datos, no informar a los interesados sobre el uso de este tipo de material o la transmisión de estos sin atender a los requisitos formales dan pie para la aplicación de esta sanción.
- Infracciones graves: la cuantía de estas pueden ir desde 40.001 a 300.000 euros. No contar con la autorización para la creación de ficheros de titularidad pública e iniciar este proceso, violar el deber de guardar secreto, obstrucción del ejercicio de la función inspectora o la comunicación o cesión de ficheros sin contar con la legitimación respectiva son algunos de los inconvenientes que justifican este castigo.
- Infracciones muy graves: recoger de forma fraudulenta o engañosa esta información, la transferencia internacional de fichas personales a países que no proporcionan ningún nivel de seguridad o no cesar el tratamiento ilícito posterior a la solicitud realizada por el Director de la Agencia implica el pago de una multa que varía entre los 300.001 a 600.000 euros.
Bajo este contexto, el asesoramiento de una empresa encargada de esta materia resulta imprescindible. Es una inversión que genera tranquilidad y estabilidad en materia jurídica, que beneficia tanto a la compañía, como a los usuarios.